El Juez Garzón ha sido suspendido de su cargo y se sentará finalmente en el banquillo, en un proceso que podría suponer el fin de su carrera judicial, y a su vez poner en duda la credibilidad del propio sistema judicial español.

Se le acusa de incumplir la Ley de Amnistía de 1977, pero numerosos juristas sostienen que el derecho internacional establece claramente que dichos crímenes no pueden ser objeto de amnistía.

Los procesos contra Garzón son parte de una sofocante campaña dirigida a desacreditar y a neutralizar dichas investigaciones y otras actuaciones en casos de grave corrupción política.

Sólo la fuerza de la opinión publica puede equilibrar la balanza y evitar que la ideología y la impunidad prevalezcan sobre la justicia. ¡Actúa ahora y ayuda a enviar 150,000 firmas al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial!