Contra la impunidad militar: Verdad, justicia y reparación para Inés Fernández y Valentina Rosendo

El 1º de octubre de 2012 se cumplen dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) notificó las sentencias de los casos Inés Fernández Ortega y Otros, y Valentina Rosendo Cantú y Otra, ambas contra el Estado mexicano.

En dichos fallos la CorIDH determinó que -en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17, Inés y Valentina habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó “violencia institucional castrense”.

Las dos sentencias tocan puntos nodales respecto de la actual situación de los derechos humanos en México, relacionados con aspectos como la falta de acceso a la justicia para las mujeres indígenas víctimas de violencia; la discriminación que enfrentan las mujeres al acceder a los servicios de salud; los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, así como los riesgos que enfrentan quienes de manera organizada defienden los derechos de los pueblos indígenas.

Pese a que las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos hacia el cumplimiento de los resolutivos ordenados como medidas de reparación. Particularmente preocupan los pocos avances en las investigaciones, consecuencia de la falta de cooperación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia la Procuraduría General de la República.

Asimismo, el cumplimiento de los resolutivos en materia de Salud, Educación, Reparaciones Comunitarias e Indemnizaciones, se encuentran pendientes a concretarse. El cabal cumplimiento de ambas sentencias contribuirá a poner fin a la impunidad militar que persiste desde hace diez años. Siendo inminente el término del actual gobierno resulta urgente que se garantice la total cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Procuraduría General de la República y que la Secretaría de Gobernación lleve a cabo las medidas necesarias para dar cumplimiento con los resolutivos emitidos por la CoIDH.

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