El Gobierno colombiano insiste en profune el debate sobre extensión del Fuero Penal, Militar más recargado de impunidad.

Las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de proteger la vida, integridad y bienes de la población. En Colombia, no se cumple. El drama de los “falsos positivos”, puso en evidencia que las más de 5.700 ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hacen parte de una práctica generalizada en todo el país que continúa ocurriendo durante el gobierno de Santos. Más de 230 ejecuciones, entre el 7 de agosto de 2008 y lo que va corrido de 2015.

Las instituciones del Estado (Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea) no han aceptado su responsabilidad y si a caso se han presentado condenas, ha sido de mandos bajos y en muy contados casos mandos medios.

No contentos con ello y como un mecanismo de blindaje para la Fuerza Pública, el 19 de junio de 2013, el Congreso de la República aprobó una ley estatutaria que daba la facultad a la Fuerza Pública de determinar cuando un civil podía ser considero o no, “blanco legítimo”. En octubre del mismo año, la Corte Constitucional, rechazó el acto, declarándolo inexequible. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa y otros sectores gubernamentales manifestaron su molestia radicando otra serie de proyectos que busca despenalizar la mayor parte de los delitos perpetrados por la Fuerza Pública (incluidos los falsos positivos, desapariciones forzadas, torturas y abusos sexuales), dejando a las miles de víctimas de estos crímenes sin la posibilidad de invocar las protecciones que los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos les garantizan. En el siguiente enlace, más información al respecto: http://www.coeuropa.org.co/?q=node/231


Ese paquete de iniciativas se consolidó en el Acto legislativo 01 de 2015, aprobado el pasado 10 de julio por el Congreso de la República en donde de manera ambigua, se tergiversa el Derecho Internacional Humanitario (que es un mecanismo de protección en acciones de guerra), para mantener viva la figura del “blanco legítimo” y del “daño colateral” entre otras, que interpretan que el DIH otorga licencias para matar civiles en determinadas circunstancias. En el siguiente vídeo se aclara esta información: https://www.youtube.com/watch?v=5_ztWPdAZZE